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Las víctimas merecen más que retórica y politiquería

La consideración que se merecen todos los que han puesto su cuota en reconstruir a la nación, especialmente aquellos que perdieron a un familiar, que vieron desaparecido a un ser querido, aquellos que ya no aspiran a justicia transicional siquiera sino a que aquel sufrimiento haya tenido sentido con el paso de los años, es que el Estado salvadoreño haga todos los esfuerzos para no volver a convertirse en el verdugo de sus ciudadanos. Un compromiso tal en la actualidad, transversal a todas las fuerzas políticas que pujan por hacerse cargo de la administración del Estado y de las que la detentan en este momento, no sería tan relevante como aquellos Acuerdos, pero sí una garantía de voluntad, conciencia y convicción. Eso es lo que necesita la nación en esta coyuntura, treinta años después, cuando la convivencia parece tan frágil, cuando el oficialismo hace gala de un peligroso militarismo, cuando el discurso gubernamental es pródigo en "enemigos", "amenazas" y "agitadores" y pobre en "hermanos", "reconciliación" y "construcción".

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Las víctimas del conflicto armado se merecen más que la retórica retorcida de este gobierno.

Muchas de las víctimas de la guerra fueron civiles desaparecidos por el terrorismo de Estado, estudiantes, obreros, enfermeras y campesinos reprimidos en las manifestaciones contra la dictadura militar o perseguidos en la cobardía de la noche. Algunos de ellos ya organizados como frentes de masas, otros caminando de modo espontáneo, todos con el derecho de expresar su desaprobación al régimen, su clamor por espacios democráticos, por igualdad ante el sistema judicial, por superiores cuotas de seguridad social y laboral.

Para que las fuerzas del orden se desnaturalizaran de ese modo se precisó de un largo proceso de aleccionamiento, de adoctrinamiento y de entrenamiento; al pie de ese diseño que convirtió al brazo punitivo del Estado en una herramienta dispuesta al crimen se encontró una cúpula militar, económica y política que decidió sacrificar la convivencia entre los salvadoreños para conservar intacta la esfera de sus intereses e impune la comisión de sus abusos. Ese maridaje entre los poderosos y los fuertes comienza con la comisión de favores y termina con la comisión de delitos.

Esa fue la guerra original que El Salvador soportó durante largos años, el ejercicio de la fuerza contra la población, el último recurso del cual echar mano para disuadirla de sus reclamos democráticos y humanitarios. Y ante la tozudez de un pueblo que curtió sus manos cultivando esperanza, la intolerancia también se cebó con aquellos que levantaron una voz defendiendo a la gente, Monseñor Romero y decenas de religiosas y hombres de fe, líderes sindicales, maestros y civiles que rindieron servicio público desde la política.

Esos salvadoreños, esas salvadoreñas no murieron protagonizando una guerra sino por la acción criminal del Estado. Después vino el conflicto armado, que fue la escalada de esas tensiones y de esa violencia, para cuyo final se necesitó de pragmatismo, voluntad y perdón: de la voluntad de los violentos, del pragmatismo de los líderes de las facciones en contienda, y el perdón de la ciudadanía. Y los ciudadanos siempre le llevaron la ventaja a unos y otros en el esfuerzo por la paz.

La consideración que se merecen todos los que han puesto su cuota en reconstruir a la nación, especialmente aquellos que perdieron a un familiar, que vieron desaparecido a un ser querido, aquellos que ya no aspiran a justicia transicional siquiera sino a que aquel sufrimiento haya tenido sentido con el paso de los años, es que el Estado salvadoreño haga todos los esfuerzos para no volver a convertirse en el verdugo de sus ciudadanos.

Un compromiso tal en la actualidad, transversal a todas las fuerzas políticas que pujan por hacerse cargo de la administración del Estado y de las que la detentan en este momento, no sería tan relevante como aquellos Acuerdos pero sí una garantía de voluntad, conciencia y convicción. Eso es lo que necesita la nación en esta coyuntura, treinta años después, cuando la convivencia parece tan frágil, cuando el oficialismo hace gala de un peligroso militarismo, cuando el discurso gubernamental es pródigo en "enemigos", "amenazas" y "agitadores" y pobre en "hermanos", "reconciliación" y "construcción."

El Salvador no necesita que ninguno de sus funcionarios descalifique la paz ni se ponga a pontificar sobre las víctimas, especialmente el presidente de la República; al servicio de todos, debe cumplir su juramento de someterse a la voluntad popular, la misma que hace 30 años vio cristalizado su deseo de paz.

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