Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar y Julia Orbelina Pérez, son los nombres de las tres víctimas salvadoreñas, cuyos casos fueron presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el 14 de mayo de 2022.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que hubo desaparición forzada en el caso por la participación del Estado en la detención de las tres personas en el contexto del conflicto armado. Asimismo, por la persecución que la población vinculada a la Organización Socorro Jurídico Cristiano sufría en ese momento.

Una de las víctimas, Patricia, trabajó para esta organización entre 1979 y 1980. Había denunciado actos de hostigamiento y persecución y luego fue sacada de su vivienda con sus padres, Mauricio y Orbelina, y desaparecieron.

"Se estableció que las acciones para realizar la búsqueda inmediata de las víctimas fueron mínimas. Finalizado el conflicto armado el Estado tampoco realizó investigación alguna para esclarecer los hechos. Esta situación constituyó una fuente de sufrimiento para los familiares de las víctimas", indicó la Comisión ante la Corte IDH.

A la vez, enfatizó en que era deber del Estado investigar de forma "rápida, seria e imparcial". Por ello, la Comisión concluyó que el Estado salvadoreño es responsable por "la violación de los derechos a la personalidad jurídica, vida, integridad personal (...) En perjuicio de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar y Julia Orbelina Pérez".

Para el caso, cuatro recomendaciones fueron realizadas para Estado. La primera sugiere medidas de reparación materiales e inmateriales para los familiares de las víctimas. La segunda, realizar la búsqueda de las víctimas activando todos los mecanismos. Tercero, disponer medidas de atención en salud física y mental para los familiares de forma concertada.

Asimismo, investigar los hechos de desaparición forzada de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable, con aplicación de perspectiva de género y teniendo en cuenta la persecución del Estado contra la organización de la que Emilie formaba parte.

Por último, adoptar medidas de no repetición, incluyendo las de carácter legislativo y regular la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada, convertirse en parte de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.