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Los crímenes de cabecillas MS-13 que EUA reclama por terrorismo

El sistema de Información Penitenciaria consigna el listado de delitos graves cometidos en El Salvador por la "ranfla nacional" de la Mara Salvatrucha. Estados Unidos los reclama para juzgarlos por terrorismo y espera que el país cumpla con la extradición; pero la Corte Suprema de Justicia mantiene retenidos los primeros casos.

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Secuestros, homicidios, extorsiones, organizaciones terroristas, violaciones, robos y tráfico de drogas son parte del récord criminal, según el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE), que acumulan en El Salvador los 15 cabecillas históricos de la Mara Salvatrucha que Estados Unidos reclama para juzgarlos por delitos relacionados con actos de terrorismo.

Estados Unidos abrió la vía para acusar de terrorismo a pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) el 5 mayo de 2020, cuando la Fiscalía del Distrito Este de Virginia presentó la acusación federal contra Armando Eliú Melgar Díaz, alias "Blue", por cargos relacionados con terrorismo.

Un mes después, la cancillería salvadoreña recibió la solicitud de extradición de "Blue" de parte de la embajada de Estados Unidos en El Salvador. Sin embargo, los magistrados impuestos por los diputados afines al presidente Nayib Bukele mantienen retenido el proceso de extradición del cabecilla de la MS-13; que el equipo antipandillas del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) señala de estar detrás de tráfico de droga, contrabando de armas de fuego, homicidios y otros delitos graves en suelo estadounidense entre 2016 y 2020.

En El Salvador, de acuerdo con el SIPE, "Blue" ha sido procesado por agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de drogas, y preposición y conspiración para cometer homicidio. Cargos por los que fue absuelto, situación que le permitió a Estados Unidos requerirlo para ser juzgado allá.

Desde octubre de 2012, el Departamento del Tesoro designó a la Mara Salvatrucha como una organización criminal transnacional (TCO, en inglés). Un antecedente que le permitió a las autoridades estadounidenses empujar procesos por terrorismo contra miembros de esa pandilla que operan en El Salvador.

Abierta la vía de terrorismo, que supone enfrentar penas mayores a quienes ordenan cometer los crímenes desde las prisiones salvadoreñas, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York también decidió, en diciembre de 2020, presentar una segunda acusación del mismo tipo contra otros 14 cabecillas influyentes de la MS-13 organizados en la "Ranfla Nacional", encabezada, según el Ministerio Público, por Borromeo Enrique Henríquez, alias "Diablito".

"El Diablito" purga una condena de 33 años de prisión en el centro penal de máxima seguridad de Zacatecoluca (La Paz), con vencimiento en noviembre de 2028 por homicidio y asociaciones ilícitas. Además, según el SIPE, mantiene abiertos otros sendos procesos judiciales por homicidios, lesiones graves, hurto agravado, tenencia de armas de guerra y organizaciones terroristas.

Y "el Diablito" no es el único, el SIPE muestra un historial criminal muy similar entre los 14 cabecillas de la "Ranfla Nacional" que Estados Unidos acusó en Nueva York por terrorismo, proceso que fue revelado hasta enero de 2021, cuando el fiscal general en funciones de Estados Unidos Jeffrey A. Rosen dijo que se trataba de "la acusación más amplia y de mayor alcance que se ha hecho en la historia de los EUA contra la MS-13 y su estructura de mando y control".

El fiscal en funciones del Distrito Este de Nueva York, Seth D. DuCharme, explicó la razón de la acusación en Estados Unidos al describir que "incluso desde la cárcel, la Ranfla Nacional continuó dirigiendo las operaciones globales de la MS-13, reclutando nuevos miembros, incluyendo niños, y orquestando asesinatos y caos en todo el mundo".

La acusación consigna que los cabecillas de la pandilla "utilizaban la gran cantidad de miembros de la MS-13 en los Estados Unidos para participar en actividades delictivas, como el tráfico de drogas y la extorsión para recaudar fondos en apoyo de las actividades terroristas de la MS-13 en El Salvador y en otros lugares, y dirigían a sus miembros en los Estados Unidos a cometer actos de violencia, incluidos asesinatos, para promover sus objetivos".

De la lista de 14, la Corte Suprema de Justicia ya conoce tres peticiones de extradición: Hugo Armando Hernández Quinteros, alias "Flaco de Francis", quien fue capturado en marzo pasado en Santiago de María, departamento de Usulután; Élmer Canales Rivera, alias "Crook", quien cumple una condena en el centro penal de máxima seguridad en El Salvador por el secuestro de un matrimonio cometido en junio de 2000 en Acajutla (Sonsonate); y Eduardo Erazo Nolásco, de 48 años, alias "Colocho", que fue detenido por Interpol en junio pasado cuando salía del centro penal de máxima seguridad.

En abril de 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al "Crook" y al "Colocho" en la lista de criminales transnacionales; por lo que congeló todos sus activos bajo su jurisdicción.

El resto de cabecillas continúa pagando condenas por crímenes cometidos en El Salvador, tal es el caso de Saúl Antonio Turcios, alias "el Trece", quien purga condenas de prisión por homicidios agravados y agrupaciones ilícitas con vencimiento hasta 2066.

Estados Unidos podría presentar las peticiones para extraditar a esos cabecillas de la MS-13 cuando hayan cumplido sus penas de prisión en El Salvador.

El futuro de esas peticiones depende de lo que los magistrados impuestos decidan sobre el caso de "Blue". El principal argumento que los abogados afines al oficialismo han esbozado en las reuniones de Corte Plena, según consta en audios de esas reuniones, es que falta un análisis constitucional sobre la protección de los derechos de los pandilleros reclamados por Estados Unidos.

Además, los magistrados impuestos también han mostrado preocupación sobre "las implicaciones a nivel local" por la extradición de un cabecilla de la Mara Salvatrucha a Estados Unidos.

En septiembre de 2020, el periódico digital El Faro publicó un reportaje donde estableció que el Gobierno del presidente Bukele había mantenido negociaciones con la pandilla MS-13 desde que llegó al poder en junio de 2019. Los documentos señalaron ingresos irregulares del director de Centro Penales, Osiris Luna, a dos cárceles de máxima seguridad acompañado de encapuchados sin identificar, para sostener reuniones con cabecillas de la MS-13, entre ellos "el Diablito".

La semana pasada, Jean Manes, encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, dijo que su país "espera que El Salvador cumpla con el tratado de extradición" para que los pandilleros enfrenten la justicia estadounidense.

El debate en el pleno de la Corte Suprema de Justicia sobre la posibilidad de evitar la extradición de cabecillas de la MS-13, condenados por delitos graves en El Salvador, es llamativo para Jeannette Aguilar, experta en seguridad pública, porque "hay sospechas fundadas de un acuerdo estratégico de las tres principales pandillas y el actual gobierno".

Agregó que la actitud de los magistrados impuestos por Bukele "podría dar lugar a sospechas de que básicamente el gobierno está protegiendo a los líderes de la MS-13 reclamados por Estados Unidos".

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