
Representantes de sindicatos cuestionaron la captura de un líder sindical a quien la Policía señala de facilitar fondos a pandillas. Sus compañeros cuestionan acusación.
Señalamientos Los sindicalistas aseguraron que los hechos imputados contra uno de sus compañeros son exagerados.
Los representantes sindicales de diferentes instituciones públicas denunciaron ayer la captura arbitraria de David Melquisedec Castillo, secretario general del STIPES (Sindicato de Trabajadores de la Industria Portuaria de El Salvador) y negaron las imputaciones en su contra.
Según los líderes sindicales, Castillo fue capturado y acusado por supuestamente financiar a grupos de pandillas.
Óscar Bolaños, secretario general de SITRANDA y secretario de la Federación Intergremial Salvadoreña (FIS), condenó la situación y pidió a las autoridades de seguridad la liberación del sindicalista.
"No son ciertos los delitos que le vinculan respecto a que es financista de pandillas (...) conozco a David desde su juventud y cómo ha construido un sindicato tan fuerte y también no está vinculado a lo que lo están acusando. Lo acusan de ser facilitador de fondos con la pandilla y eso no es cierto. Es más, él ha denunciado que ha sido víctima de las mismas pandillas", señaló ayer Bolaños.
Los líderes sindicales pidieron al gabinete de Seguridad que revise exhaustivamente el caso ya que consideran que están cometiendo una injusticia. "Esos señalamientos los consideramos falsos y exagerados y por lo tanto creemos que se debe revisar inmediatamente el caso y liberarlo. Creemos que es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto lo más pronto posible", dijo Francisco Ayala, secretario general del SITCCOR.
Además, denunció que las represalias contra el sindicato al que pertenece David ya iniciaron. "No se vale que se quiera criminalizar la labor de los compañeros sindicalistas. Sabemos que hoy más que nunca debemos estar unidos", dijo.
También los representantes de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL) cuestionaron las recientes capturas arbitrarias de "luchadores sociales y sindicales" y pidieron el cese de la criminalización del trabajo sindical.
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