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Gobierno salvadoreño ha cerrado mesas de trabajo con población LGBTQ+ desde 2019

Desde que fue eliminada la Secretaría de Inclusión Social, se han cerrado diversos espacios donde las organizaciones trabajaban junto al Gobierno por los derechos de la población LGBTIQ+.

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Espacios.  Organizaciones exigen espacios de trabajo con el GOES para que el Estado garantice los derechos LGBTIQ+.

Espacios. Organizaciones exigen espacios de trabajo con el GOES para que el Estado garantice los derechos LGBTIQ+.

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Las mesas de trabajo entre Gobierno y organizaciones que defienden derechos de la población LGBTIQ+ se han ido pausando, gradualmente, desde el cierre de la Secretaría de Inclusión Social. Solo algunos de estos espacios continuaron con funcionarios de más bajo rango que se interesan en la temática, aseguran miembros de las organizaciones sociales.

El Ministerio de Justicia, la Dirección General de Centros Penales (DGCP), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio de Trabajo tenían mesas de diálogo con varias organizaciones para monitorear el cumplimiento de derechos y para elaborar políticas en beneficio de la población LGBTIQ+. De estas, ya no existe ninguna como se les conocía previo a la llegada del Gobierno del presidente Nayib Bukele, según explicó William Hernández, director de la Asociación Entre Amigos.

La mesa del Ministerio de Justicia pretendía elaborar la política de protección de derechos humanos de las personas LGBTIQ+: "Hicimos la política, pero no se firmó y eso es como que no hubiera nada", dijo Hernández.

La del Ministerio de Trabajo tenía la intención de dar seguimiento a la casilla de atención que se utilizaba para denunciar despidos de personas LGBTIQ+. Esto ya no existe porque le daba vida el decreto 46 donde nacía la Dirección de Diversidad Sexual.

Con Centros Penales se elaboró una política de atención al interior de centros penales, pero esta no fue aprobada y no hubo seguimiento.

En el caso de la FGR, la mesa de trabajo era para garantizar el cumplimiento de los artículos 129 y 155 del Código Penal, donde se establece un agravante a los crímenes ejecutados por odio cuando fueran motivados por la identidad y expresión de género o la orientación sexual de la víctima. La llegada del Fiscal Rodolfo Delgado ha puesto en pausa este tema.

"En el caso del exfiscal Luis Martínez, no se sentaba con nosotros, pero teníamos acceso a un equipo bajo su supervisión. Luego el exfiscal Douglas Meléndez se reunió una o dos veces con nosotros para darle forma a una unidad de investigación de crímenes por odio. Después, el exfiscal Melara había logrado articular una Unidad de Género y ya teníamos un fiscal a quien llamarle cuando teníamos un reporte de que había sido asesinado alguien de la población. Eso se ha perdido actualmente con el actual fiscal", detalló la abogada Bessy Ríos.

Además, Ríos aseguró que distintas organizaciones han ofrecido a la Fiscalía capacitaciones en estos temas, pero la autoridad fiscal no las ha aceptado.

Los actuales funcionarios tampoco han participado de la Mesa por una Ley de Identidad de Género, dijo.

Sin avances en Legislación

Las organizaciones, además, se han esforzado por presentar diferentes iniciativas o hacer llegar a los legisladores de distintos partidos, en varias legislaturas, las propuestas que esta población requiere con mayor urgencia.

Los logros en la conquista de sus derechos, son pocos, afirman. La única que destaca en legislación es la reforma al Código Penal donde los crímenes por odio son un agravante de los delitos. Sin embargo, iniciativas como la Ley de Identidad de Género, que es la única en esta materia que actualmente está en el seno legislativo, no han sido estudiadas. Cuando esta propuesta fue presentada por las organizaciones, solo fue acompañada por la diputadas Anabel Belloso y Linda Funes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Nuestro Tiempo, respectivamente.

La mayoría de normativas que prohiben la discriminación y aseguran espacios libres de violencia para esta población, han ocurrido vía Órgano Ejecutivo. En 2010, se aprobó el decreto ejecutivo 56 que prohibe discriminación sexual en la administración pública, sin embargo, esto deja fuera a las personas que laboran en empresas privadas.

También fueron creadas otras políticas: por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene la Política de Equidad e Igualdad de Género que ha permitido dar los primeros pasos para combatir la discriminación en el sistema educativo.

Demandas vigentes

Las distintas organizaciones y expertos en temas de género insisten en la necesidad de abrir espacios y en que el Gobierno reduzca el ataque hacia las organizaciones de la sociedad civil.

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, donde se busca instar a la tolerancia, la igualdad y la dignidad de las personas de la diversidad, Josh Hernández, director y fundador de Espacios Seguros mencionó que "las luchas personales vienen de las vivencias y experiencias que cada persona tiene".

Añadió que si bien hacen falta leyes como la ley de identidad de género y la ley del matrimonio igualitario, estas "no son la solución a todos los problemas y a las desigualdades que existen entre las personas LGBTI", ya que hay luchas que se comparten, pero no todas son iguales.

"Hay cosas que son muy individuales, como el respeto a las personas no binarias, el hecho de que se deje de estigmatizar tanto a las mujeres lesbianas o mujeres bisexuales, o el hecho de que a las personas trans no se les dé el acceso a un empleo digno. Hay muchas luchas que se unen en esa sola marcha, que se visibilizan de manera individual y de manera conjunta", dijo Hernández.

Asimismo, afirmó que a pesar de los esfuerzos de las diferentes organizaciones "hay tantos obstáculos en el camino, que vienen de la poca educación y sensibilización de las personas acerca de estos temas". "Las cosas no solo se solucionan con una ley, sino que las empresas tienen que estar sensibilizadas para poder dar un empleo a una persona LGBTI", sostuvo.

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Tags:

  • LGBTIQ+
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