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"El Estado no los puede dejar morir de hambre"

El abogado penalista Otto Flores afirma que Centros Penales está desbordado y que solventar el problema requerirá tiempo.
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En la mira. Organizaciones han advertido las violaciones a los derechos en penales.

En la mira. Organizaciones han advertido las violaciones a los derechos en penales.

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Tras la reciente aprobación de la Ley de Construcción de Centros Penales por parte de la Asamblea Legislativa, en respuesta a una solicitud del Ejecutivo, el abogado Otto Flores cuestionó la forma en que dichos proyectos podrían ser financiados, así como el mantenimiento que estos requieren y la alimentación de los reos.

Flores dijo que, basado en los datos de la Policía Nacional Civil (PNC), la cual asegura que ya pasaron los 34,000 capturados, pronto la Dirección de Centros Penales ya estaría sobrepasando el 100 % del hacinamiento en las cárceles salvadoreñas.

Y aunque el gobierno ha dicho que solventará esto con la construcción de un nuevo penal, Flores aseguró que eso llevará tiempo y cuestionó cómo financiará el Estado la construcción de nuevos recintos, así como la alimentación de tantos presos.

"El Estado no los puede dejar morir de hambre; si el Gobierno los deja morir de hambre, sin contar los casos de homicidios que han ocurrido ya dentro de los penales en el marco del régimen de excepción, prácticamente el Estado cometería delitos de tortura", señaló el penalista.

Las declaraciones hechas por Flores contrastan con la orden emitida por el presidente de la República, Nayib Bukele, de racionar la alimentación en las cárceles, por lo que hoy solo se entregan dos tiempos al día. Eso, según el abogado, es también en una "violación sistemática de derechos humanos, donde no les importa si la personas es inocente o no".

Desde que fue establecido el régimen de excepción en El Salvador, a través de redes sociales se han conocido casos de capturas arbitrarias entre estudiantes, trabajadores e incluso mujeres, por lo que organizaciones de derechos humanos han dado seguimiento a varios casos y brindan el apoyo legal que requieren.

Asimismo, al menos 11 reos capturados en el marco de la suspensión de derechos han muerto dentro de los diferentes recintos carcelarios del país: solo en el Penal de Izalco se contabilizan ocho personas fallecidas entre violencia y negligencias por enfermedades crónicas.

De todos estos casos, ninguno ha sido oficializado por las autoridades, las cuales mantienen el silencio al respecto. La información se conoce debido a que familiares llegan al Instituto de Medicina Legal a recoger los cuerpos y afirman ser notificados hasta que los presos han perdido la vida.

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