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Critican silencio del Estado en caso del cementerio clandestino de Chalchuapa

Representantes de FESPAD señalaron que, pese a la reserva total del caso, se cumplió un año y el Estado no ha informado cuántas víctimas fueron encontradas, no ha brindado medidas de reparación y tampoco actualizado datos sobre los cargos de los imputados.

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Critican silencio del Estado en caso del cementerio clandestino de Chalchuapa. Foto de LA PRENSA/José Cardona, archivo

Critican silencio del Estado en caso del cementerio clandestino de Chalchuapa. Foto de LA PRENSA/José Cardona, archivo

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La ausencia del rol garante del Estado de Derecho fue cuestionada esta mañana por representantes de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), en cuanto al tema del cementerio clandestino de Chalchuapa, a un año del hallazgo, y la desaparición de personas en El Salvador. 


En el marco de que el 8 de mayo se cumplió un año de haber sido descubiertas las fosas clandestinas en la casa del expolicia Hugo Osorio, FESPAD presentó la investigación “Análisis de caso: El cementerio clandestino de Chalchuapa, El Salvador y la narrativa oficial desde la cobertura periodística”. El estudio evidencia el tratamiento del Gobierno en las indagaciones y señala varios puntos como la atención que le brindó a las familias.


El primer punto en el que enfatiza el análisis, es el beneficio del criterio de oportunidad que le otorgó la Fiscalía General de la República (FGR) al principal acusado de cometer los asesinatos, Hugo Osorio. Así como las amenazas de sanciones a funcionarios por brindar información sobre el caso, el total de personas encontradas en las fosas, entre otros. 


“La investigación pone en evidencia el manejo inadecuado del proceso de identificación forense, la ausencia de investigación oportuna, exhaustiva y concluyente, la invisibilización de la violencia de género y la prisa por cerrar la cobertura mediática”, denunció FESPAD. 


A la fecha, la Fiscalía solo ha hecho oficial un total de 12 víctimas, cuyos restos fueron entregados a sus familiares el 7 de octubre de 2021 en Medicina Legal. Ese mismo día, la institución montó una conferencia de prensa en la que la misma fiscal del caso reveló que había un aproximado de 30 cuerpos. Fue la última vez que la FGR habló al respecto, pese a que no se conoce al resto de las víctimas. 


“La relación que hubo del Estado hacia las víctimas, la falta de acceso de canales de comunicación para todas las personas que -al enterarse de esta situación- acudieron a tratar de encontrar a sus familiares, esto ligado a la inexistencia de un sistema oportuno para dar  información sobre los avances de las investigaciones”, criticó Hector Carrillo de la Unidad de Acceso a la Justicia de FESPAD. 


Hugo Osorio tenía una orden de captura vigente para que la Policía Nacional Civil (PNC) lo arrestara por un caso de violación. No obstante, se movía con libertad en el callejón Estévez de la colonia Las Flores, en el municipio de Chalchuapa, Santa Ana. En la vivienda 10-A, su hogar, allí había excavado varias fosas clandestinas donde enterró a las víctimas, también en un pozo que se encontraba en la misma zona y en un terreno de cultivos frente a la casa. 


“No se sabe cómo el Estado salvadoreño permitió que una situación de esa magnitud sucediera y no se sabe qué medidas se están tomando para evitar que eso vuelva a suceder”, aseveró Héctor Carrillo. 

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